En julio de 2010 entró en vigor la ordenanza que permite a aquellos jóvenes que no sean reincidentes en el último año realizar labores en beneficio de la ciudad en lugar de afrontar una sanción económica derivada de una infracción.
Las sanciones que se pueden acoger a la norma son derivadas de la Ordenanza de Limpieza, la Ley Antibotellón o de Circulación, siempre que no sean muy graves.
El edil de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para informar de los resultados de la ordenanza reguladora para la sustitución de sanciones económicas por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, que entró en vigor en julio de 2010.
Romero ha señalado que, en este período, medio centenar de jóvenes han podido hacer frente a las sanciones económicas originadas por infracciones en materia de limpieza, botellón o tráfico a través de trabajos en beneficio de la ciudad. De la cifra total, el 85% son hombres y el tanto por ciento restante mujeres. Hasta la fecha, se han desestimado 17 solicitudes por no cumplir los requisitos.
El edil ha explicado que las personas adscritas a esta medida han realizado trabajos fundamentalmente en las áreas de Limpieza y Zonas Verdes, al ser los departamentos que están en funcionamiento prácticamente 24 horas al día y los siete días de la semana. De esta forma, se pueden adaptar con una mayor flexibilidad los horarios de los solicitantes a los de los servicios a realizar.
Esta iniciativa del equipo de gobierno tiene como finalidad la reeducación y está dirigida a jóvenes de 14 a 29 años, que por lo general tienen una peor situación laboral o económica para afrontar el pago de una multa. “En época de crisis, recibir una sanción, que en la mayor parte de los casos son pagadas por los padres, no es una buena noticia. Por ello, intentamos que los jóvenes, con estos trabajos, reciban una labor pedagógica y ejemplarizante y eviten el pago económico de sus multas”, ha indicado Romero.
La medida tiene un doble beneficio: por un lado, hacer responsable a los jóvenes de aquellas infracciones que cometen, ya que el trabajo realizado para satisfacer la multa es más efectivo como disuasorio y ejemplarizante que el abono de forma económica; por otro lado, ayudar a aquellas personas y familias que, en esta época de crisis, no pueden afrontar a una sanción económica.
Romero ha destacado que “estamos dando la oportunidad a la gente de que no abone económicamente sus multas, de que se cumpla el fin de la sanción que es hacer ver que se ha infringido una norma, que se aprenda de los actos y se evite así la reincidencia”.
Algunos ejemplos de las sanciones contempladas y su coste son: no llevar casco (150 euros), dejar el coche en doble fila (90 euros) o realizar botellones en lugares no autorizados (60 euros).
En este sentido, la ordenanza considera que “trabajo en beneficio de la comunidad la prestación de la cooperación personal no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, que sirva de reparación a la comunidad perjudicada por el ilícito administrativo”.
Del mismo modo, la jornada de trabajo tiene una duración no inferior a cuatro horas diarias ni superior a seis, con un mínimo de una jornada y un máximo de cinco. Desde la entrada en vigor de la ordenanza, el 85% de las personas que han condonado sus sanciones con trabajos en beneficio de la comunidad han realizado estas labores durante 5 días, las jornadas del resto han sido de 2 o 3 días.
Además, la norma también establece que se prestará una jornada de trabajo por cada 30 euros de sanción, con el límite anteriormente mencionado. “No se trata de conseguir trabajadores remunerados como los que ya desarrollan su actividad en el consistorio, sino concienciar al infractor y reconducir su conducta”, ha apostillado.
Cabe recordar que para poder acogerse a esta opción, dichas personas deberán dirigirse al departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Fuengirola en un plazo máximo de 10 días hábiles o antes de la notificación. Allí deberán presentar el D.N.I., dejar un teléfono de contacto y, si es menor de edad, la correspondiente autorización paterna.
De forma posterior, dicho departamento estudiará la idoneidad de la solicitud y si es aceptable, el solicitante deberá pagar la tasa establecida en 15 euros. Una vez realizados estos trámites, la persona en cuestión tendrá que pasar a recoger la información para conocer cómo va a realizar dichos trabajos. En todo caso, la resolución se dictará en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud.
Para acogerse a esta nueva disposición, los solicitantes no podrán haber sido sancionados en los doce meses anteriores a la fecha de la denuncia, entre otras condiciones.
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